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Solo entre el 10 y 28 de mayo de este año (18 días) han asesinado a tres fiscales en América Latina. Se trata de Marcelo Pecci de Paraguay, Luz Marina Delgado de Ecuador y Karen Almendares de Honduras. Todos fueron asesinados en crímenes de extrema violencia, con disparos directos a sus cuerpos. Hasta el momento ninguno de los crímenes ha sido resuelto y solo en dos casos se ha detenido a sospechosos.

“Los fiscales son el rostro de la comunidad ante el orden delictivo. A medida que se fueron implementando los sistemas acusatorios, esto empezó a crecer. Desde entonces se planteó el tema de seguridad y la carencia de un organismo específico –de orden oficial en todos los países de Latinoamérica– que evalúe los riesgos que tienen cada uno de los fiscales”, dice a OjoPúblico Ricardo Rafael Toranzos, Fiscal Federal de Argentina y secretario general de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF).

La situación de vulnerabilidad de la que habla Ricardo Toranzos se ve reflejada en los tres asesinatos que se registraron en mayo. El primero fue el 10 de mayo, en Barú, una playa ubicada a 45 minutos de Cartagena de Indias, Colombia, donde Marcelo Pecci, fiscal que investigaba casos de narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay, estaba pasando su luna de miel. En los últimos días de esas vacaciones, un sicario bajó de una moto de agua a la playa y le disparó tres veces para después huir. La imagen de la viuda arrodillada junto al cadáver, llorando, recorrió el mundo. 

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el ataque: “La lucha contra los violentos y el crimen organizado es un desafío regional en el que no hay espacio para la indiferencia”, dijo.

Al asesinato del fiscal paraguayo, le siguió el de la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, el abogado Jeferson Mendoza, en Ecuador, el pasado 25 de mayo. Ambos fueron acribillados mientras iban en un vehículo. Y tres días después, en Honduras, la fiscal ambiental Karen Almendares fue asesinada en la puerta de su casa.

¿Los fiscales tenían un protocolo de seguridad? Expertos consultados por OjoPúblico –entre ellos la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF)– opinan que estos mecanismos son insuficientes, y cuando los hay, están permeados por la corrupción.

Precisamente, la creación de La FLF se impulsó tras la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman en 2015. El homicidio (catalogado así en junio de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal) del fiscal fue la noche antes de exponer ante el Congreso su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a varios sospechosos de terrorismo iraníes. El procurador fue hallado muerto en su casa, de un tiro en la cabeza. 

Las débiles medidas de protección

Ricardo Rafael Toranzos es claro al decir que en Latinoamérica la seguridad de los fiscales no siempre es la prioridad: “No se hace una evaluación general de todos los fiscales. Muchas veces no hay una amenaza, como para prepararse o tomar las medidas del caso, sino que directamente hay una acción violenta. Y como los fiscales no tienen justamente ese acompañamiento oficial, cuando nos damos cuenta, ya es tarde y terminamos sufriendo el dolor de una pérdida”, asegura.

Alguna de las debilidades del sistema de seguridad quedan expuestos en el asesinato de la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado. Ella intervino e investigó por lavado de activos a la pareja del narcotraficante Washington Prado, conocido como ‘Gerald’ o ‘el Pablo Escobar ecuatoriano’. Él cumple una condena de 19 años de cárcel en Estados Unidos.

El día del asesinato Luz Marina Delgado iba acompañada del abogado Jefferson Mendoza. Ambos fueron abordados en Manta (Ecuador) por un grupo armado que disparó contra el automóvil. Según apunta la investigación, la fiscal había sido seguida durante un mes.

Luego de este crimen, la fiscal Diana Salazar dio a conocer en Ecuador que el “sistema de protección a víctimas y testigos” –donde también se cuentan a los fiscales– se encuentra en un estado de emergencia por el bajo personal policial disponible: solo 199 policías para más de 1.100 personas en riesgo.

Una persona vinculada la Fiscalía ecuatoriana y que solicitó no ser identificada por seguridad, precisó a OjoPúblico que “no existe un protocolo de protección a fiscales” y que quienes sufran amenazas por sus labores “tienen que reportarlas y, al igual que todos los ciudadanos, tendrían que hacer una denuncia sobre los hechos”. Estos procedimientos son similares en otros países de la región.

“Por más de 15 años (en Chile) no existía ninguna regulación y preocupación en materia de seguridad de fiscales y todo quedaba como entregado al autocuidado. Recién durante la pandemia se hace algo, medidas en el evento de agresiones, intimidaciones o amenazas, pero todavía quedan muchas situaciones en el aire”, dice a OjoPúblico Paolo Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile.

A finales de 2020, la fiscal chilena, Ximena Chong, que tiene entre sus causas la investigación por la violación de derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019, recibió amenazas en redes sociales y en su propio domicilio, luego de formalizar su denuncia contra el uniformado que empujó a un adolescente al río Mapocho, en la capital del país.

La situación es similar en Paraguay, asevera Juan Martens Mola, analista de seguridad y criminalista. “Aquí, ni los fiscales ni jueces tienen mecanismos de protección. Yo creo que esto se debe un poco a la consciencia de que, en realidad, no ponen en jaque a la estructura del crimen organizado. Casi nunca se realizan grandes descubrimientos; afectan apenas pequeñas estructuras”, dice, y agrega que “debe haber algunos casos puntuales, pero el sistema penal en la justicia especializada sigue deteniendo a personas que no tienen tanta trascendencia dentro de la estructura del crimen organizado”.

¿Cómo enfrentar la impunidad?

“Se requiere enfrentar el sistema de delincuencia organizada con instituciones fuertes, que no estén debilitadas por la injerencia del poder o la contaminación de las funciones estatales”, dice Ricardo Rafael Toranzos.

Por su parte, Martens Mola sostiene que la vulnerabilidad de las autoridades fiscales no responde solo a un sistema de protección débil. “Tampoco podemos hacer una lectura ingenua de la realidad. El sistema de justicia y el sistema de seguridad están involucrados con el crimen organizado”, asegura. 

“Existe un crecimiento de las organizaciones criminales, que están tomando un aspecto transnacional, tratando de buscar una impunidad respecto del escenario donde ejecutan la acción delictiva y esto también ha llevado a tener una gran dificultad, porque complejiza las acciones, tanto investigativas como de protección”, asegura a OjoPúblico Ricardo Toranzos. Para él, el común denominador de los delitos que persiguen los fiscales que investigan el crimen organizado, es la cantidad de dinero que estas organizaciones invierten para lograr la impunidad a través de la corrupción.

Tras 25 días de su asesinato, este 3 de junio Iván Duque, presidente de Colombia, declaró desde Washington que capturaron en Medellín a cinco presuntos implicados en la muerte de Pecci Albertini. Las investigaciones sugieren que el asesinato fue motivado por el trabajo de Pecci como fiscal antidrogas y que los autores materiales podrían pertenecer al Primer Comando Capital (PCC). 

Martens Molas explica que, aunque en la estructura del crimen organizado paraguayo la regla es no atentar contra las fuerzas de seguridad del Estado, se hacen excepciones cuando el funcionario está ocasionando un perjuicio grande o ha cometido alguna traición.

En lo que respecta a la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado y su asistente Jefferson Mendoza, la fiscalía dictó el pasado 27 de mayo, prisión preventiva contras tres mujeres identificadas a través de las cámaras de seguridad. Sobre el crimen contra la fiscal ambiental Karen Almendares en Honduras, ocurrido hace tres semanas, aún no se tiene información oficial de la investigación.

Artículo publicado en OjoPúblico.

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