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Chile sepulta el legado de la dictadura para escribir su nueva Constitución

por Mayo 20, 2021Octubre 18th, 2021No Comments

Luego de las recientes elecciones para la Convención Constituyente, el mapa del poder se reconfigura en Chile. Tras 31 años de bipartidismo, arremetieron nuevas fuerzas políticas y sociales.

Artículo originalmente publicado en Ojo Público.

El mapa del poder se vuelve a dibujar en Chile luego de los resultados que dejaron las elecciones del domingo 16 de mayo. Especialmente por la conformación que tendrá la Convención Constitucional, que tendrá en sus manos la redacción de la nueva Carta Magna y que de acuerdo a los resultados estará marcada por una gran diversidad de colectividades y movimientos sociales e independientes y la poca influencia de los partidos políticos tradicionales.

“No estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevos liderazgos”, afirmó anoche en La Moneda el presidente de Chile Sebastián Piñera, quien ha sido el único presidente de la derecha en Chile desde la vuelta a la democracia, en 1990. Mientras daba su mensaje, el porcentaje de votos escrutados ya marcaba una tendencia y hacía claro su castigo.

La coalición política de Piñera sacó su voto histórico más bajo desde el retorno de la democracia (solo 20,56%), mientras que el pacto de la izquierda tradicional chilena (ex Concertación), que obtuvo 14,46%, perdió frente a nuevos actores del sector, tanto con nuevos partidos como con independientes.

Y es que los partidos que han dominado las últimas décadas, alternándose en el poder, no lograron reaccionar y atender las demandas de cambios y el vigente modelo económico del país, que no satisfacía, señalan los expertos, las necesidades de esta nueva sociedad. Así lo cree Pamela Figueroa, investigadora del Observatorio Nueva Constitución y académica de la Universidad de Santiago de Chile, quien agrega que “la elitización de la política, que se había dado en Chile en los últimos años, de alguna manera replicaba y reproducía la desigualdad económica del país. Ese modelo chileno, de una democracia liberal, estable, con altos índices de desigualdad no es sostenible en el tiempo”.

En concreto, el resultado de las elecciones donde se eligió a los 138 representantes que escribirán la Constitución más los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, arroja que el oficialismo (Lista Vamos por Chile) tendrá solo 37 cupos, con lo que pierde todo poder de negociación. La Lista del Apruebo, que es conformada por la ex Concertación tuvo 25 cupos; mientras que Apruebo Dignidad, integrada por el Partido Comunista y el conglomerado de movimientos sociales y partidos políticos, Frente Amplio, alcanzó los 28 escaños. Por su lado, la Lista del Pueblo, que congrega independientes y dirigentes sociales, ganó 27 cupos. Y para finalizar, hubo otro grupo de 21 independientes que alcanzó escaños.

Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, cree que este es el punto cúlmine de un movimiento crítico al modelo social y económico del país: ”Tenemos una década de protestas sociales crecientes y hay un movimiento, muchas veces desarticulado, pero que va demandando más y mejor educación, no más AFP, movimientos feministas, de medio ambiente y regionalistas. Y, en paralelo, se va desarrollando este desacople entre las elites y la sociedad”, asegura el autor de “La transición inacabada. El proceso político chileno”.

Los investigadores consideran que con las protestas del 18 de octubre de 2019 el sistema colapsó. La estrategia del gobierno de Piñera fue reprimir fuertemente a los manifestantes, causando graves lesiones, incluyendo explosiones oculares, a miles de personas y un sinnúmero de actuaciones que vulneraron derechos humanos.

Fue en medio de ese panorama desolador, que la clase política se unió, incluyendo a las nuevas fuerzas, permitiendo esta salida institucional. “Lo que pasa en Chile es que rápidamente las élites políticas institucionalizaron la salida política a través del proceso constituyente, algo que se vivió en Colombia en el año 1991, lo vimos en Bolivia hace no tanto. Sociedades que buscan encauzar esto a través de un proceso político institucional”, asegura Fuentes.

El modelo como causa

Chile solía ser uno de los países que más destacaba por su modelo e impulso económico hasta hace un tiempo. Los jaguares de América Latina fueron los titulares de la prensa internacional en 1998. Claro, en términos macroeconómicos se mostraba como un país sano, de una economía vigorosa y una democracia participativa. Todo regulado por una constitución nacida en la dictadura de Augusto Pinochet y que apelaba a la libertad y subsidiariedad como eje.

“La transición política en Chile, que se dio de una manera muy estable en comparación a otros países de la región, se cierra el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, con las reformas constitucionales y ahí se consolida ese modelo. Lo que ahora sucede es que ese modelo democrático, liberal y con una economía de mercado muy abierta, no fue suficiente para dar respuesta a problemas de la sociedad chilena como la desigualdad y la discriminación a ciertos grupos de la sociedad”, sostiene Figueroa.

De acuerdo con la última Encuesta de caracterización socioeconómica nacional (Casen) del año 2017, un el 10% más rico de los hogares en Chile obtiene un 38,1% del ingreso monetario total, mientras el 10% más pobre sólo alcanza a recibir un 1,4%. A esta alta concentración de dinero por parte del porcentaje más rico de la sociedad, se suma que la mitad de los asalariados reciben un ingreso inferior a lo que necesita un hogar para cubrir sus necesidades, según la línea de la pobreza chilena (en Chile está catalogada en USD$238 al mes).

Esto ha obligado a las personas a endeudarse para sobrevivir. No por nada Chile es uno de los países con mayor endeudamiento por casa de la región. Según información del Banco Central de Chile, la deuda de los hogares está constituida por créditos bancarios para la vivienda (28,8% del PIB), créditos de consumo (10,6% del PIB) y obligaciones frente a otros intermediarios de crédito (Casas comerciales, Compañías de seguros, Cajas de compensación, entre otros) que representan, en conjunto, 11,2% del PIB.

“Este es un elemento que afectó mucho durante la última década. Ha habido muchísimo endeudamiento, especialmente en créditos de consumo personal. La gente vive de la tarjeta de crédito, es decir, todo el desarrollo del país está muy dependiente de la capacidad de deuda de la gente. Y si está agobiada por estas deudas, iba a salir a protestar y eso se veía en los últimos tres años”, dice Fuentes.

Cuando las protestas de octubre del 2019 pusieron entre las cuerdas a la democracia chilena, la justificación fue que “nadie lo vio venir”, aunque el investigador Claudio Fuentes tiene otra percepción: “Sí había síntomas bien claros, el estallido social solo viene a cristalizar esa conflictividad social y a repolitizar a los actores sociales más fuertemente”. En ese contexto, la clase política ofreció el camino constituyente como la única vía para canalizar las demandas sociales, una vez más, institucionalmente. 

La Convención Constituyente comenzará sus funciones en junio, a través de un llamado del Presidente de la República, por lo que se espera que su primera sesión sea la primera semana de julio en el ex Congreso Nacional en Santiago. También podrá sesionar en el Palacio Pereira, cuando así lo decida la directiva.

En un principio, el órgano tiene que discutir su reglamento, lo que incluirá el mecanismo de participación más activa por parte de los ciudadanos y la forma que se dirige al organismo. Luego los primeros son los pasos básicos: ¿Qué régimen político y sistema de Gobierno se elegirá? Y, claro, el modelo de desarrollo económico y los derechos sociales, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional y temas sensibles para las inversiones, como la autonomía del Banco Central.

El organismo tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. Después de ese plazo se llamará a un plebiscito en 60 días para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Una nueva etapa política

El Frente Amplio, conglomerado que aglutina a las nuevas fuerzas de la izquierda chilena y nacidas de las protestas de la última década, tuvo una noche de algarabía el fin de semana. No solo por su triunfo en la Convención Constituyente, sino también en los gobiernos locales. Un cambio de esquema en el mapa del poder chileno. “Hay un cierre de ciclo de partidos y coaliciones en Chile. Una de las crisis que está viviendo es de confianza y legitimidad hacia sus instituciones políticas y los partidos eran de los más afectados”, dice Pamela Figueroa, y eso también benefició a los colectivos políticos independientes.

De esta forma este conglomerado logró arrebatarle incluso municipios históricos que antes votaban por la ex Concertación y el oficialismo. Los casos más emblemáticos por su relevancia electoral son Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar, que tras décadas dejan de ser lideradas por la derecha chilena.

En su cuenta de Twitter, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, dijo que “nos dieron por muertos y aquí estamos, más vivos que nunca (…) ahora a hacerse cargo, no hay espacio para soberbias, divisiones ni tonteras. ¡Seguimos!”.

“El Frente Amplio tuvo un muy buen resultado en esta elección, después de haber tenido un auge y una crisis posterior, ya es un sector político que se va consolidando y que, además, va tomando espacio de responsabilidad en gobiernos locales. Todo esto lo ha hecho madurar como sector político y la ciudadanía en estas elecciones reconoce ese desarrollo”, asegura Figueroa.

La innovación en paridad y sorpresa en financiamiento

Una de las mayores innovaciones en el proceso de nueva constitución en Chile es la paridad. La introducción de un mecanismo que asegura disminuir la brecha de representatividad por género a través de un sistema de entrada, que obliga a tener la misma cantidad de postulantes hombres y mujeres en la papeleta, y un mecanismo de ajuste de salida, que asegure que la mitad de los escaños elegidos sean para mujeres y la otra hombres.

Así las cosas, todas las listas se presentaron con el mismo número de hombres y mujeres en la papeleta, intercalados entre sí. De esa forma, si el elegido por votos quebraba la paridad de la zona, era su compañero de lista -de género opuesto- quien asumía el cupo. De hecho, tras ese ajuste se debió reemplazar a 12 mujeres electas por sus compañeros de lista y cinco hombres electos por sus compañeras de lista. En el caso de los pueblos indígenas, afectó cuatro mujeres: dos mapuche, una colla y una atacameña.

Y si bien, la legislación tuvo su efecto directo en la participación de la mujer en estas elecciones, siendo las más votadas (52,2% de los votos), fueron los hombres quienes se vieron más beneficiados con el mecanismo de salida

Además, por primera vez, el dinero no tuvo la influencia que solía tener en un proceso de elección. A modo de ejemplo, en el distrito 8 se dio una de las batallas más desiguales. Por un lado, René Cortázar, demócrata cristiano que recibió $USD 196 mil (141 millones de pesos chilenos) de empresarios como Wolf Von Appen (Grupo Ultramar), Pablo Echeverría Benítez (presidente de Moneda Asset) y Patricio Parodi Gil (director de Entel y presidente de Banco Consorcio), entre otros. Al frente estaba la abogada María Rivera, cuyos aportes alcanzaron los $USD 474 (340 mil pesos chilenos) de múltiples fuentes. Cortazar recibió 7.018 votos (1,55% del total) y no salió electo, mientras que Rivera salió electa con 18.671 votos (4,13% de los votos).

Esta elección, según Figueroa, muestra un cambio en el votante y un fuerte rechazo a la forma de levantar candidaturas “a dedo”: “La ciudadanía, al tener más información y al ser más transparente el proceso, pudo tomar la decisión de no apoyar a personas financiadas por grupos económicos o ciertos grupos de interés. Y aquí se optó sobre todo por apoyar a personas con trayectorias de trabajo social y territorial”, asegura.

Un reportaje de CIPER Chile mostró que los gastos de la campaña a la Convención Constituyente tuvieron un cambio de paradigma. Mientras que la centroderecha contó con $USD 7,6 millones ($5,5 mil millones de pesos chilenos) para su campaña constituyente y logró 37 cupos, al otro lado, la Lista del Pueblo recibió sólo $USD 153 mil ($110 millones de pesos chilenos) y consiguió 24 cupos. Por su lado, la lista de la ex Concertación con 2,3 millones (1,7 mil millones de pesos chilenos) y eligió 25 constituyentes; y Apruebo Dignidad, el pacto que agrupó al Partido Comunista y al Frente Amplio -entre otros-, recibió $USD 1 millón ($748 millones) para elegir a 28 convencionales.

Luego de estas elecciones, el mapa del poder en Chile cambió. Fueron 31 años de bipartidismo y de la administración de un modelo económico diseñado inicialmente por la dictadura, pero que ahora, como definen los investigadores y analistas, queda sepultado, abriendo el camino a una nueva era. “Emergen actores sociales, fuera de los partidos, que intentan disputar poder y eso es lo interesante, porque van a demandar nuevas condiciones para la sociedad. Esto es novedoso para Chile, porque no lo habíamos visto y que ahora se está materializando”, asegura Fuentes.

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