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Los problemas que esconde el registro de quiebra en Chile

por Abril 22, 2021No Comments

A la cantidad de abogados que intentan dominar un mercado que está en auge, se suma a que la banca estaría utilizando los registros públicos para hacer un registro de “personas en bancarrota”.

Es cosa de escribir deuda en Google para que la pantalla se llene de publicidad de abogados. Todos expertos en resolución de deudas y problemas financieros. “Eliminamos tus deudas” o “Te damos tu segunda oportunidad” son sus eslóganes que buscan convencer a sus clientes: chilenos endeudados.

Si bien la cantidad de deudores disminuyó tras los últimos retiros del 10% de los fondos de pensión, aún existe un gran número de morosos en el país. Según un informe desarrollado por la Universidad San Sebastián y Equifax, en diciembre de 2020 habían 4.384.502 chilenos morosos y un promedio de deuda de $2 millones.

Para eso está la oportunidad de reemprender en Chile. En 2014 se publicó la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, donde se les abrió la oportunidad de declararse en bancarrota a las personas y así tener una nueva oportunidad sin el agobio de las deudas. Sin embargo, las segundas oportunidades han mostrado ser distintas a las que buscaba el espíritu de la legislación.

En simple, la legislación estableció dos procedimientos para declararse en bancarrota como persona natural. Procedimientos administrativos que son gratuitos y cuya finalidad es la renegociación de las deudas de la persona deudora o la venta de sus bienes para el pago de sus deudas, “en el que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) actúa como facilitadora de acuerdos entre el deudor o deudora y sus acreedores”.

El problema es que todo quienes realicen este trámite quedan en el Boletín Concursal, un repositorio público de documentación que guarda todos los procesos de bancarrota sujetos bajo esta legislación, y que según denuncias, son utilizadas por entidades financieras para rechazar apertura de cuentas bancarias o de otros instrumentos.

No es una segunda oportunidad

Un pantallazo del contenido de un email abrió una causa que mostró cómo algunos bancos operan este registro público. La víctima se había acogido en noviembre de 2016 a un proceso de liquidación voluntaria de sus bienes.

Y es que lejos de “partir de cero” o “rehabilitado para todos los efectos legales”, se le ha dejado en una “lista negra de deudores”, impidiéndole de esa forma participar en el mercado y hacer uso de una serie de beneficios a los que pueden acceder personas que, al igual que ella en sus registros comerciales y públicos no registran deudas.

La persona debe tener a lo menos dos obligaciones (deudas) vencidas por más de 90 días corridos, que provengan de deudas distintas y que en total superen las 80 UF. Además, no haber emitido boletas de honorarios los últimos 24 meses. Una vez terminado el procedimiento de renegociación, las personas pueden solicitar la modificación o eliminación del registro de sus deudas renegociadas o extinguidas al Boletín Comercial o Dicom.

Fue un proceso tortuoso para esta víctima, cuya resolución final quedó plasmada recién en agosto de 2019, cuando la Corte Suprema le dio la razón, asegurando que se vulneró “el derecho de la recurrente consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a ser tratada con igualdad frente a las otras personas que han podido abrir cuenta corriente en la misma institución bancaria o han podido superar las observaciones hechas por la institución frente a una solicitud de iguales características” (Ver resolución).

En la práctica, eso sí, de nada sirvió esta condena. El registro sigue siendo público, donde uno puede tener acceso al nombre, rut y total de la deuda con la que se declaró en bancarrota.

¿Cómo se hace?

Al ser procedimientos normados y con cierto estándar en su publicación, cualquier persona con conocimiento en código podría recolectar esta información o scrappear, como se le llama.

Esta situación permite la construcción de bases de datos con todas las personas y sociedades que se han acogido a esta Ley. Información que no puede ser utilizada como índice de riesgo, como ya lo confirmó la Corte Suprema.


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