Permisos laborales en cuarentena: la delgada línea de lo esencial

Las cifras de movilidad en la Región Metropolitana no ceden. A pesar de la cuarentena total que ya cumple dos meses, Santiago está lejos de cumplir la meta recomendada por los expertos para frenar el Covid: reducir los traslados en un 60% respecto de un periodo normal. Pero los números son porfiados: según el último reporte del Instituto Data Science (de la Universidad del Desarrollo) que se entrega al gobierno, al 29 de junio la región solo había disminuido los viajes en un 34,4%. Eso en promedio, porque en varias comunas de sectores populares –donde los contagios y los decesos son más altos- la movilidad ha bajado muchos menos, como en San Ramón (5,9%), Puente Alto (7,9%), Cerro Navia (12,4%) o Independencia (12,7%).

Además del porcentaje de familias que se ven obligadas a romper la cuarentena porque viven del dinero que generan día a día, un factor relevante que explica la baja reducción de la movilidad es la cantidad de permisos de trabajo que se emiten. CIPER pidió a Carabineros, vía Ley de Transparencia, el listado de esos permisos que se han entregado en el país. La respuesta abarcó desde el 22 de marzo al 14 de junio: 1.858.101 autorizaciones. De ellas, el 60,2% son de la Región Metropolitana (1.118.931). Esto significa que en ese periodo pudo haber varios millones de viajes de trabajadores, pues se trata de permisos colectivos que involucran a más de una persona.

Mayo es, hasta ahora, el mes en el que se han pedido más permisos de trabajo en la RM: 444.339, coincidiendo con el periodo en que se incubaron más casos de contagios y que desembocaron en el alza de los decesos y la saturación de los hospitales durante junio. Le sigue abril con 379.615. Finalmente, durante la primera quincena de junio los permisos llegaron a 167.760.

El rubro más utilizado para pedir autorización para trabajar es el de “supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción”.

Los números son concordantes con los resultados de una encuesta realizada por Espacio Público e Ipsos en la RM en junio: un 59% declaró que un integrante de su hogar debió salir a trabajar. Ese porcentaje se eleva en los hogares más pobres (72% en los grupos D y E).

Para analizar la extensa base de datos proporcionada por Carabineros, CIPER optó por acotar el universo y analizó el detalle de los permisos entregados durante la primera quincena de junio en tres rubros aleatorios: “correos”, “empresa de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial O.S.10” y “empresas recolectoras de basura y rellenos sanitarios”. En esas categorías, detectamos cerca de cien empresas que han solicitado permisos laborales que no coinciden con los giros que tienen registrados en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Desde constructoras y empresas de asesoría contable que en junio se transformaron en farmacias, hasta grupos religiosos que ahora aparecen como repartidores de correos.

La mayoría de las veces hay una explicación: el gobierno autorizó la venta por delivery de todo tipo de productos, por lo que es factible que una organización religiosa venda textos a domicilio, o que una firma de outsourcing preste servicios a una farmacia y eso la autorice a solicitar permisos de trabajo bajo ese rubro.

Otras empresas no entregaron ningún tipo de explicación por permisos solicitados bajo rubros que no se relacionan con su actividad económica, como Colgram (marcas de ropa infantil Colloky y Opaline), que solicitó autorización como “supermercado” y “empresa recolectora de basura”. CIPER también confirmó la irregularidad de los permisos otorgados a firmas que ya han sido fiscalizadas por la autoridad, como Fashions Park y la empresa de cortinas Rollux.

Pero también hay casos extraños que deberán investigarse: cuatro empresas dijeron a CIPER que los permisos registrados a su nombre no fueron solicitados por ellas: Constructora IngevecLoreal (cosméticos), SABA (estacionamientos) y Servitec (empresa de ingeniería).

Un reclamo se repite entre las empresas contactadas por CIPER: los constantes cambios de criterio del gobierno respecto de lo que se considera esencial. Desde marzo se han publicado seis instructivos diferentes y el 23 de junio la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció la elaboración de un catálogo de productos esenciales, pues era evidente que por entonces las empresas estaban vendiendo todo tipo de mercancías. Un día después, el ministro de Economía, Lucas Palacios, conversó con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y desechó el catálogo: “Lo que se va a establecer son los criterios para determinar los productos esenciales”, dijo en T13 Radio.

El severo aumento de contagios y fallecimientos que se verificó en junio, con la saturación de los hospitales metropolitanos, dejó en evidencia que dos aspectos del combate a la pandemia estaban fuera de control: la trazabilidad (ubicar y aislar a los contagiados y sus contactos) y la movilidad. La tarea de bajar la movilidad recayó en la subsecretaría Martorell, quien se apoyó en un amplio despliegue de Carabineros y militares para controlar a transeúntes y vehículos.

Las fiscalizaciones rápidamente indicaron que más del 95% de los controlados tenía permiso, por lo que urgía limitar las autorizaciones. El discurso del gobierno sobre la irresponsabilidad de ciudadanos que no acataban el confinamiento no tenía sustento. Así nació la propuesta del catálogo de bienes esenciales, pero implicaba una paralización productiva extrema que no fue avalada por el Ministerio de Economía.

CIPER preguntó a la Subsecretaría de Prevención del Delito por el catálogo y la respuesta fue clara: “El instructivo se actualizó, definiéndose lo que se entiende como bien esencial de uso doméstico, que son aquellos bienes que tienen por fin ser utilizados o consumidos por las personas dentro del domicilio y aquellos necesarios para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del mismo”. Si un producto esencial es aquel que se puede consumir dentro del domicilio, puede ser casi cualquier cosa.

CIPER le hizo la misma pregunta al Ministerio de Economía, pero no hubo respuesta.

INVESTIGACIÓN PENAL

La Fiscalía ya indaga varios casos de empresas que engañan al sistema para seguir funcionando. Lo hacen pidiendo permisos por rubros no relacionados con su actividad comercial. El fiscal nacional ordenó durante la segunda quincena de junio abrir investigaciones contra siete empresas mencionadas por la periodista Alejandra Matus en Twitter. Pero algunas de ellas se han justificado.

Fue el caso de Growing S.A., que se dedica a la consultoría en gestión y agencia de empleos. En la primera quincena de junio, solicitó en 52 permisos colectivos de trabajo, utilizando los rubros de “laboratorios, empresas químicas y productores de medicamentos”, “farmacias”, “empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10”, “funcionarios y servidores públicos sin credencial” y “supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción”.

CIPER intentó comunicarse con Growing, pero no tuvo respuesta. Un comunicado de la firma indica que presta servicios a empresas que sí son consideradas esenciales y que “los salvoconductos y permisos de trabajo para nuestro personal se ajustan plenamente a la normativa vigente”.

Otra de las empresas denunciadas por Alejandra Matus es Colgram S.A. el holding tras las marcas de ropa infantil Colloky y Opaline, propiedad de Nicolás Ibañez y Félix Luhrs. Según los registros de la Comisaría Virtual, Colgram solicitó ocho permisos durante la primera quincena de junio. Los rubros utilizados fueron dos: “Supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción” y “Empresa recolectora de basura y relleno sanitarios”. Desde Colgram no devolvieron los llamados de CIPER.

Hay otras empresas que durante junio ampliaron sus giros en el SII para poder solicitar permisos. Una de ellas es Administración Plaza Shopping de Vitacura, que administra el centro comercial Los Cobres de Vitacura. El 14 de junio amplió sus giros ante el SII, agregando “seguridad privada”, “limpieza de edificios” y “servicios administrativos de oficina”. Durante la primera quincena de junio pidió permisos bajo los rubros “recolección de basura” y “empresa de seguridad”. No respondió el llamado de CIPER.

Otra empresa que invocó rubros que no se relacionan con su actividad es General Motors Financial Chile S.A., que se dedica a la venta de automóviles. El 2 y 8 de junio pidió permisos como “supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción”. También como “empresa recolectora de basura y relleno sanitario”. CIPER intentó comunicarse, pero nadie contestó los teléfonos ni respondió los correos.

Lo que varias empresas le respondieron a CIPER cuando preguntamos por estas discordancias, es que prestan servicios a compañías que sí son esenciales, lo que las autoriza a trabajar, según los instructivos del gobierno. El problema con esto es que nadie fiscaliza a estas empresas en el día a día.

B2B Rental Spa, que se dedica al arriendo de vehículos, ingresó permisos durante junio bajo el rubro “seguridad”. Su gerente de marketing, Pablo Godoy, señaló a CIPER: “Trabajamos por los contratos que tenemos con empresas de primera necesidad: laboratorios, empresas de comida. A ellos se les hace mantención de vehículos. Está trabajando menos de  la mitad del personal. Los permisos por el rubro de “seguridad” son para guardias que cuidan las automotoras”.

La autorregulación es una de las apuestas del gobierno, para ello levantó una mesa con la CPC que apunta a que los empresarios reduzcan el número de trabajadores que tienen operando.

En la base de datos de la Comisaría Virtual también aparecen empresas medianas y pequeñas que solicitan permisos por rubros que no les corresponden. Es lo que pasa, por ejemplo, con ZHS Importaciones Limitada, dedicada a la importación y venta de productos para el hogar. En junio solicitó permisos bajo el rubro de “correos”. Su representante legal, Alejandro Castisaga, explicó: “Recibimos encomiendas pre etiquetadas de distintos proveedores y las distribuimos utilizando un contrato que tenemos con Blue Express. También hacemos ventas por internet. Si no trabajo, no tengo sueldo. Si me quedo en la casa, no tengo para vivir. Es la realidad del chileno medio”.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito dijeron a CIPER que formaron un equipo con la Dirección del Trabajo y la PDI, para fiscalizar zonas en cuarentena a lo largo del país: “A estas tres entidades les llegan denuncias. En nuestro caso a través de http://www.denunciaseguro.cl; mientras que la PDI tiene dos teléfonos y la Dirección del Trabajo, las vías institucionales. Con esta información –y en coordinación con el SII- hemos analizado más de 3 mil denuncias a nivel nacional”.

Agregaron que los sumarios están a cargo de las Seremi de Salud y que la Fiscalía asumió la persecución penal de los casos irregulares. La subsecretaría no respondió a CIPER cuántas empresas están siendo indagadas: “La investigación corresponde a las policías y la persecución penal, al Ministerio Público” (vea aquí la respuesta de la subsecretaría).

CONSTRUCTORAS

Uno de los sectores que más permisos ha solicitado en cuarentena, según los datos revisados por CIPER, es el de las constructoras. Varias de ellas tramitaron en junio autorizaciones bajo los rubros de minería, seguridad, mensajería y recolectoras de basura.

Icafal Ingeniería y Construcción S.A. (propiedad de los hermanos Ignacio y Gonzalo Falcone, junto a Sergio Icaza), obtuvo 45 permisos como empresa de minería; 45 como recolectora de basura y rellenos sanitarios; 24 como empresa ligada a la pesca o procesamiento de mariscos; ocho como empresa que suministra agua potable y tres como empresa que suministra gas.

El abogado contralor laboral de Icafal, Gastón Bergeon, dijo a CIPER que los permisos tramitados como empresa recolectora de basura y rellenos sanitarios fueron un error de inscripción, que buscaba obtener autorizaciones para una obra que realizan en Caldera (Atacama) junto con la Concesionaria de Servicios Sanitarios: “Fue un error al generar el salvoconducto, como los trabajos se realizaron para la Concesionaria de Servicios Sanitarios, dentro de las actividades que aparecían en comisaría virtual vieron que decía ‘sanitario’ y lo solicitaron. Lo correcto habría sido colocar ‘suministro de agua potable’”. También se le consultó por los permisos obtenidos como empresa dedicada a la minería, pesca y suministro de gas, pero no hubo respuesta.

Aunque con un número de permisos menor, Ingevec es otro caso. Propiedad de Enrique Besa Jocelyn-HoltJosé Antonio Bustamante Bezanilla y Francisco Vial Bezanilla, solicitó autorizaciones para diversas filiales bajo categorías que no se condicen con su actividad inmobiliaria, mientras que en otros casos abrió nuevos giros en el SII. Se trata, además, de una de las constructoras que repartió utilidades al tiempo que suspendió contratos de algunos sus trabajadores (vea el reportaje de CIPER “Cinco grandes constructoras reparten utilidades aunque se beneficiaron con la suspensión de contratos de sus trabajadores”)

Comercializadora Ingevec SpA, por ejemplo, sacó permisos el 1 y 9 de junio como empresa de “correos”, rubro que inscribió ante el SII el 10 de junio. Constructora Ingevec S.A., que hasta el comienzo de la cuarentena se dedicaba a la construcción de edificios e inversión financiera, tramitó 12 permisos entre el 2 y 14 de junio como “empresas de minería y relacionadas”. Y en julio inscribió otros dos giros ante el SII: “construcción de proyectos de servicio público” y “otras instalaciones para obras de construcción”.

Desde Ingevec dijeron a CIPER que paralizaron el 95% de sus obras y el 100% “de los desarrollos inmobiliarios”. Según la constructora, solo “se han obtenido permisos para un número mínimo e imprescindible de trabajadores”, como aquellos encargados de la seguridad en las obras, actividades de postventa y traslado de documentos. Respecto a las autorizaciones obtenidas como empresa de minería, señalaron que “se está realizando una investigación interna, ya que esos permisos no fueron autorizados por Ingevec”.

Socovesa, controlada por la familia Gras -y que también repartió utilidades mientras mantenía a trabajadores con contratos suspendidos-, pidió tres permisos el 1 de junio bajo el rubro de seguridad. El nombre registrado en la Comisaría Virtual fue “Socovesa Depto. de seguridad”, aunque el RUT corresponde al de Constructora Socovesa Santiago S.A. Según explicaron en la empresa, estas autorizaciones se tramitaron presencialmente y fueron oficiales de Carabineros los que sugirieron esa denominación: “Se solicitaron para permitir el trabajo de los guardias de la oficina central, de los supervisores de seguridad de algunas obras y del encargado de las cámaras que monitorea las obras”, agregaron.

La misma situación se replicó en el caso de Sociedad Constructora Rupanco S.A., la que gestionó permisos el 1 y 4 de junio como empresa de seguridad, mientras su actividad declarada ante el SII es la construcción de edificios residenciales y compraventa de inmuebles. Claudia Espinoza, encargada de sus Recursos Humanos respondió a CIPER: “Cuando se solicitaron los permisos no era necesario indicar el rubro asociado a la actividad económica y no se encontraban en el listado los relacionados con las actividades que realizamos (…) el rubro más parecido era el de ‘seguridad’, toda vez que los permisos fueron exclusivamente utilizados para 4 o 5 trabajadores que su actividad fue de ‘nochero/conserje’ y ‘cuidadores’ en nuestras obras”.

Entre las firmas que ampliaron sus rubros, se encuentra Empresa Constructora Guzmán y Larraín SpA (de José Antonio Guzmán Matta y Sergio Larraín Doggenweiler). Hasta junio, se dedicaba a la construcción de edificios, construcción de proyectos públicos y venta o alquiler de inmuebles. Pero agregó un nuevo giro ante el SII: “Servicios de seguridad privada prestada por empresas”. Bajo este concepto consiguió 16 permisos entre el 5 y 14 de junio. Anteriormente, había obtenido tres autorizaciones para trabajar en “suministro de gases, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia”. Su gerente general, Jorge Niemann, dijo a CIPER: “tuvimos que extender nuestro giro, porque la comisaría virtual ya no nos dejaba sacar permisos de seguridad”. Los permisos que tramitaron, explicó, fueron para guardias “de nuestras obras, que se encuentran paralizadas desde el comienzo de la cuarentena”.

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El RETAIL SE CONVIERTE EN SUPERMERCADO Y CORREO

Si las empresas de retail son esenciales o no, ha sido objeto de discusión desde que la subsecretaria Katherine Martorell anunció el 22 de junio que estas compañías no podrían hacer delivery desde comunas en cuarentena y que solo podrían distribuir insumos esenciales. No obstante son varias son las empresas de retail que siguieron trabajando bajo cuarentena en la RM con permisos de la Comisaría Virtual. Hubo tiendas que continuaron atendiendo clientes con autorizaciones eventualmente mal utilizadas, como Fashions Park (de la familia del empresario Ming Chien), la que registra permisos como empresa de seguridad y supermercado a través de dos sociedades.

Ripley Store SpA (de la familia Calderón), pidió el 2 de junio un permiso colectivo como empresa de seguridad para una de sus tiendas de Santiago Centro. A través de la agencia encargada de sus comunicaciones, Ripley respondió a CIPER: “Este permiso fue requerido para el personal mínimo de seguridad (…) para resguardar las instalaciones de la empresa en caso (…) inundaciones, catástrofes naturales, incendios y robos”.

Al margen de esta autorización, Ripley Store SpA registra otros 51 permisos colectivos bajo el rubro “supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción” durante junio en la RM. En el mismo mes y bajo idéntica categoría Paris Administradora Limitada (de Cencosud) obtuvo 26 permisos. En el caso de Falabella Retail S.A. (del Grupo Bethia) fueron 191. Las tres compañías registran permisos en comunas bajo medidas de confinamiento.

Multitiendas Corona S.A. (de la familia Schupper) tramitó el 4 de junio un permiso colectivo bajo el rubro de seguridad y un día antes registró otro como supermercado o centro de distribución. Su gerente legal, Pablo Silva, dijo que ambos fueron solicitados como “una interpretación de buena fe del instructivo entonces vigente”. En otras palabras, que eran los rubros que más se acercaban a sus requerimientos:

-El del 4 de junio se lo sacamos al jefe de seguridad. De acuerdo con la normativa, las empresas pueden mantener la seguridad de sus instalaciones y lo sacamos por si debía cruzar algún cordón sanitario. Ese fue el tipo de permiso que más se adecuaba a nuestra necesidad. Y el permiso del 3 de junio estaba destinado a nuestro centro de distribución de bienes esenciales. Y esto es importante: no es que nos hayamos querido disfrazarnos de supermercado. Fue la interpretación de un instructivo que ha cambiado como cinco veces –agregó Silva.

Otras empresas del rubro que sacaron permisos colectivos bajo la categoría de seguridad fueron Comercial Kayser Limitada (2 de junio); Maui and Sons S.A. (11 de junio); Comercializadora Hites S.A. (9 de junio); y Caffarena S.A. (seis permisos colectivos el 9 de junio).

IGLESIAS Y CLUBES DE GOLF

Permisos por seguridad y recursos tecnológicos son los que más se repiten entre las instituciones religiosas que aparecen en la base de datos revisada por CIPER. Dos llaman la atención: la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), con un permiso para “medios de comunicación”; y la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, que el 2 de junio solicitó autorización como “distribuidores de diarios y periódicos”.

La IURD fue fundada por Edir Macedo, quien ha construido un millonario imperio basado en Brasil (ver reportaje). CIPER habló con José Roberto Aguilera de la IURD, quien dijo que iba a responder por correo. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

CIPER intentó contactarse con la división chilena y latinoamericana de la Iglesia Adventista, pero no tuvimos respuesta.

Entre otras instituciones religiosas que han pedido permisos se cuenta la Orden Religiosa de la Compañía de Jesús: Casa de Ejercicios Espirituales, conocida como “Casa Loyola”, que pidió tres permisos en junio. También figura la Cruzada de Literatura Cristiana, tienda religiosa que solicitó permisos en el rubro “correo” para vender textos religiosos. Uno de sus dueños, Sergio Mellado, dijo a CIPER que un oficio del Ministerio de Economía a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados autorizó la venta de libros por internet (vea ese oficio).

Los clubes son otras instituciones que aparecen solicitando permisos para su personal con rubros que no están dentro de sus giros u objetos sociales. En total CIPER contabilizó cinco instituciones de este tipo que solicitaban permisos de “seguridad, recursos tecnológicos y relacionados”. Una es Hacienda Chicureo Club de Golf, que en junio gestionó tres autorizaciones por este ítem, aunque ese rubro no coincide con sus giros ante el SII. El club no contestó los llamados ni correos de CIPER.

Similar es el caso del Club Deportivo Manquehue, que solicitó un permiso el 5 de junio bajo el rubro “seguridad”. En respuesta a CIPER, el club Manquehue envió un correo en el que explica: “Evidentemente, el Club no es una empresa de seguridad, sin embargo, tiene contratado personal o guardias de seguridad para resguardar sus instalaciones y el permiso a que usted alude fue un salvoconducto colectivo que estuvo en aplicación antes del último instructivo de desplazamiento”.

El Club de Golf Sport Francés pidió dos permisos el 4 y 10 de junio para “servicio de delivery de comida o medicamentos”. Hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta del club a las consultas de CIPER.

YO NO FUI

Cuatro empresas que aparecen en la base de datos entregada por Carabineros bajo rubros que no coinciden con su actividad comercial, respondieron a CIPER que ellas no gestionaron esos permisos. Algunas anunciaron, incluso, acciones penales. Se trata de IngevecSABA EstacionamientosL’Oreal Chile y Servitec.

La Constructora Ingevec S.A., por ejemplo, registra permisos en junio como “empresas de minería y relacionados”. Su respuesta a CIPER indica que no sabían que se había usado su RUT para solicitarlos: “Se está realizando una investigación interna sobre este caso, ya que esos permisos no fueron autorizados por Ingevec”.

Saba Estacionamientos S.A. tiene un permiso el 1 de junio por “seguridad, recursos tecnológicos y relacionados”. Desde la empresa dijeron que no lo pidieron y anunciaron posibles acciones legales: “Jamás hemos solicitado nosotros directamente un permiso bajo ese concepto, ya que no tenemos dicho giro o rubro y no prestamos labores relacionadas. Dado lo anterior, iniciaremos una investigación interna, solicitando por Ley de Transparencia información vinculada a la obtención de dichos permisos, sin perjuicio de realizar una denuncia penal al respecto”.

L’Oreal se dedica a la comercialización de productos cosméticos, pero el 11 de junio aparece solicitando un permiso como “empresa recolectora de basura y relleno sanitario”. A través de un correo, respondió: “L’Oreal Chile no cuenta en sus registros permisos realizados bajo dicho giro. Se están haciendo las averiguaciones del caso”.

Ingeniería Servitec aparece en el SII como una empresa de servicios de ingeniería y actividades conexas de consultoría, además de servicios de ensayos y análisis técnicos. Eso hasta junio de 2020, cuando agregaron dos giros inesperados: venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales y venta al por menor por correo, por internet y vía telefónica. Además, los días 3, 4, 7 y 8 de junio,  pidió permisos bajo el rubro de “seguridad, recursos tecnológicos y relacionados”. La empresa negó haber gestionado permisos por este rubro y señaló que respondería por correo las consultas de CIPER por sus nuevos giros. Al cierre de este reportaje no lo había hecho.

Publicado originalmente en CIPER Chile.