Menos de la mitad de las expulsiones decretadas por el Gobierno de Chile se concretan

Las demas quedan en un limbo, que con el tiempo se transforma en una tortura, aguardando el momento en que la policía llegue a golpear tu puerta. Muchos de los casos nisiquiera son notificados hasta el momento que se concreta la expulsión, dejando horas para interponer un recurso de protección a favor de la persona. En 2019 se solicitaron 6.702 expulsiones, se concretaron sólo 2.232.

En el medio de una pandemia mundial, que puede resucitar antiguos temores contra extranjeros, la migración sigue siendo un tema central. Especialmente por las políticas que el Gobierno de Sebastián Piñera ha ejecutado en los últimos dos años. Sin embargo, estas directrices no han funcionado de una forma ideal y tienen a miles en incertidumbre frente a su situación.

Información entregada a través de Transparencia muestra diferencias entre las intenciones del Gobierno y la ejecución de estas políticas, poniendo en duda si el plan está funcionando realmente, sobre todo por la situación que se está dejando a la gente durante este proceso.

En el año 2018 se expulsaron a 2.052 personas del país, cuando el Gobierno había decretado la salida del país de 3.307 personas extranjeras. Esto según lo publicado en este mismo blog en febrero. En el limbo quedaron 1.255 personas, quienes tuvieron que seguir viviendo cargando este decreto de expulsión, llenos de incertidumbre y miedo, esperando su expulsión.

En 2019 el plan de Sebastián Piñera se ejecutó con mayor fuerza, aumentado el número de decretos. No obstante, su ejecución no tuvo esa misma potencia. Si el Gobierno decretó 6.702 expulsiones durante el año pasado, sólo se ejecutaron 2.232. Esto es 180 personas más que el año anterior. Lo que dejó a 4.470 personas en este angustioso limbo.

Esto es menos de la mitad de las expulsiones decretadas. En dos años se concretaron 4.284 expulsiones, de las 9.914 expulsiones decretadas. Esto es una capacidad de expulsión que alcanza sólo el 43% de lo solicitado por el Gobierno. 5.630 quedaron en la espera.

La gran mayoría de los expulsados se debe a “infracciones migratorias”. Esto engloba un sinnúmero de clasificaciones establecidas en el reglamento de la antigua legislación de migración chilena, pero que en considerablemente son por ingreso ilegal al país o falta de regulación migratoria.

Sólo considerando el ítem de “Infracciones Migratorias”, se ve un aumento entre ambos años. En especial durante el segundo y tercer trimestre de 2019: Si entre los meses de abril y septiembre de 2018 se expulsaron sólo a 389 personas, mientras que en 2019 esa cifra subió a 3.220.

El mes con mayores expulsiones solicitadas fue agosto de 2019 con 810 decretos. Eso es un 42% del total de expulsados durante 2018. En total entre ambos años, la ejecución de decretos aumentó en casi 3 veces. Raya para la suma, una diferencia de 3.417 personas más.

Hoy, y bajo el contexto del Covid-19, queda la duda si el Gobierno va a seguir adelante con esta política o va entregar tranquilidad a quienes mantienen un decreto de expulsión activo, al menos durante esta crisis de salubridad. La humanidad está en juego.