Tribunales de Familia: las graves deficiencias del sistema de peritos

Sus informes son clave para decidir el futuro de miles de niños y de padres que se enfrentan en juicios que se han duplicado en los últimos años. A pesar de ello, los peritos psicológicos operan sin regulación: basta con el título de psicólogo para ingresar al registro de las cortes de apelación. Los reclamos se acumulan y nadie presta atención a la preocupación de jueces y abogados por la calidad de los peritajes. CIPER detectó a un psicólogo que ingresó al registro con antecedentes falsos y a otra que estudió en México sin que se le exigiera validar un título cuya autenticidad se investiga.

Los peritos psicológicos se han convertido en actores clave del sistema de justicia de familia. A ellos se les consulta, por ejemplo, por la idoneidad de los padres para cuidar a sus hijos. Sus opiniones profesionales también pueden entregar indicios de abusos o de violencia que han experimentado los niños. Como resultado, sus peritajes muchas veces son determinantes para que un juez le quite la tuición a un padre o envíe a un menor al Sename como medida de protección. Pese a jugar ese rol decisivo en la vida de una familia, en Chile estos peritos operan sin regulación: no hay norma que los certifique ni nadie que fiscalice su idoneidad.

La alta demanda de peritajes no alcanza a ser cubierta por el sistema público, situación que abrió una ventana para que los privados se adueñaran de un mercado que les trae excelentes réditos económicos, sin asegurar su calidad. No hay norma que regule las tarifas que estos peritos privados pueden cobrar a las partes. En el catastro hecho por CIPER aparecieron grandes diferencias de precio: mientras que unos piden $300 mil por cada persona periciada, otros llegan a cobrar sobre un millón de pesos. Esto ocurre porque no hay piso ni techo que limite los ingresos de estos profesionales.

Esta falta de control permite que al sistema ingresen profesionales sin la preparación mínima –académica y laboral– para ejercer. CIPER revisó una serie de informes periciales y encontró inconsistencias en los antecedentes académicos de peritos de dos de las empresas más cuestionadas entre los actores del sistema.

Andrés Aldunate, director  de Nova Sum

Andrés Aldunate, director de Nova Sum

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es un nombre que se repite en los Tribunales de Familia. Basta una búsqueda rápida en internet para que aparezcan reclamos de pacientes disconformes, y tanto abogados litigantes como peritos judiciales lo mencionan cuando quieren ejemplificar la crisis de los peritos privados. Uno de sus socios fundadores, Andrés Aldunate, se presenta en el registro de peritos de la Corte de Apelaciones como psicólogo de la Universidad Central y candidato a magíster en Psicología Clínica en la Universidad de Chile. Pero la verdad es otra.

CIPER pudo verificar que Aldunate solo cursó tres ramos de ese magister y que, meses antes de postular como perito judicial, ya había sido eliminado del sistema de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

El sicólogo Aldunate – quien dijo a CIPER haber realizado “más de mil” peritajes- ha sido cuestionado por distintos actores del circuito de los Tribunales de Familia (abogados litigantes, peritos y familias que han sido periciadas por su empresa). Sus informes levantan serios reclamos y por distintos motivos: no graba las entrevistas, recomienda tratamientos que su propia empresa ofrece y hay párrafos que se repiten íntegros en informes de causas distintas, entre otros.

Otro de los peritos que exhibe una serie de reclamos detectado por CIPER es Carolina Alarcón, socia del Centro de Atención Psicológico y Social Profam, quien se identifica en sus informes periciales como psicóloga clínica. Sin embargo, Alarcón, quien estudió en México, nunca ha acreditado sus estudios en Chile y en 2015 su universidad informó a la Secretaría de Educación del Estado de Colima que la alumna no se tituló.

Pero el sistema pericial privado no es el único que falla. Los peritos públicos también tienen problemas. El Servicio Médico Legal (SML) y los proyectos de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) –que dependen del Sename– son los encargados de hacer los informes para quienes no pueden pagar un perito privado. La sobrecarga laboral y la falta de recursos con los que conviven estas instituciones, no les permite a los profesionales atender la demanda existente. Es más, se les permite faltar a su presentación en audiencia, instancia en la que deberían explicar y defender el trabajo realizado. La suma de estos factores ha propiciado la multiplicación de los peritos privados.

EL SISTEMA EN CAÍDA

El Poder Judicial tiene un registro de peritos psicológicos. Sólo en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel hay más de 200 inscritos. Este listado quedó como un residuo del sistema anterior a la reforma de los Tribunales de Familia de 2004, pero la ley no se ocupó de actualizar ni de ajustar las exigencias. Para ingresar al registro sólo es necesario entregar el currículum, el certificado de título y contar con al menos cinco años de experiencia como sicólogo. No es requisito tener una formación específica.

Cuando las partes en un juicio ofrecen presentar un peritaje ante un tribunal, no se le exige al profesional que se hará responsable de ese estudio estar inscrito en ese listado oficial. Sólo si es un juez de familia el que ordena el peritaje, éste se escoge obligatoriamente entre los psicólogos registrados.

Inscritos o no, es el juez el responsable de exigir la idoneidad de los peritos en la audiencia preparatoria, solicitando títulos y lo necesario para acreditar su aptitud. Un trámite que según los propios abogados litigantes de familia no se está cumpliendo.

La falta de regulación de los peritos va más allá. Porque si un juez encuentra incongruencias en el historial laboral y académico de un perito, debe informar a la Corte de Apelaciones. Pero eso no significa que se estudiará el caso para que, si en definitiva se comprueban las falencias, ese sicólogo sea excluido del registro. Solo es un aviso que se tendrá en cuenta en el próximo llamado de peritos cuando se cumpla el bienio de su inscripción.

Sobre las debilidades del sistema, Francisco Maffioletti, académico del magister de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales y perito de la empresa Peritajes Psicológicos, explicó a CIPER:

juzgado-de-familia-2–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

El trabajo de estos profesionales está guiado por dos normativas: la Ley de Tribunales de Familia y la Resolución Exenta N° 8.083 del SML. En la primera se establece que no se puede pedir la inhabilitación de los peritos, pero que “durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones” (ver documento). Esta norma debería actuar como un “filtro”, lo que muchas veces no sucede. La ley permite, si las dos partes están de acuerdo, que los peritos no asistan a la audiencia, lo que es bastante habitual.

La normativa del SML, por su parte, indica que los peritajes psicológicos deben dar respuesta a la pregunta psico-legal que hace el juez. Por ejemplo, responder si una persona es o no apta para estar a cargo de un niño. Además, el SML detalla los procedimientos básicos y la estructura que debe tener el informe. Añade que el estándar a seguir es el que instruye la guía de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés). Pero no hay una norma que permita fiscalizar que los peritajes se realicen correctamente.

CIPER tuvo acceso a más de una decena de informes periciales y corroboró que puntos esenciales de estas instrucciones no siempre se cumplen. Por ejemplo, no es raro que no haya registro de las entrevistas (como sugiera la APA), ni un análisis previo de los antecedentes de la causa. A ello se agrega que en los informes no se explica por medio de qué instrumento y qué respuestas se llegó a las conclusiones.

Un informe encargado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en 2010 a los abogados Claudio Fuentes Maureira, Felipe Marín y Erick Ríos, de la Universidad Diego Portales, y que evaluó el funcionamiento de los Tribunales de Familia, ya advertía de los problemas identificados por CIPER. Según el estudio, en ninguna de las audiencias observadas en que se ofreció prueba pericial se discutió la idoneidad del profesional propuesto.

Cuando una de las partes ofrece un peritaje como prueba en la audiencia preparatoria, el juez debe exigir el currículum y todos los antecedentes disponibles para verificar que el perito sea idóneo para la tarea. El problema es que este “filtro” no está funcionando: “las partes ven muy reducidas sus posibilidades de controvertir y controlar la información que dicha prueba aporta al juicio. No siempre es de la mejor calidad y no siempre es genuinamente imparcial y ocurre que todo el sistema opera como si siempre lo fuera”, se lee en el informe de los abogados de la UDP (ver documento).

Pedro Maldonado, juez del 4° Juzgado de Familia de Santiago, reconoce que “en los juicios actualmente, en todo ámbito, la opinión de los peritos es vital para poder resolver, porque hay cuestiones que sólo pueden ser explicadas por expertos. Lo que falta es una mayor formación en el análisis pericial forense: formación académica para los peritos y para los abogados para cuestionar esos informes”.

Claudio Fuentes Maureira

Claudio Fuentes Maureira

Abogados que actualmente litigan en Tribunales de Familia dijeron a CIPER que el diagnóstico que hicieron los profesionales de la UDP en 2010 ha empeorado. Culpan en gran parte al colapso del sistema, que ha visto aumentar el número de causas por tuición, visitas, régimen comunicacional y de protección.

De hecho, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, el número de causas ingresadas a los Tribunales de Familia casi se duplicó entre 2008 y 2014. Si en 2008 el sistema recibió 340.720 causas, en 2014 esa cifra llegó a los 648.576. Al revisar el desglose de esa cifra, uno de los mayores aumentos se refiere a solicitudes de “relación directa y regular con el niño” (visitas). En 2008 sólo hubo 20 mil peticiones, mientras que en 2014 la cifra bordeó las 90 mil.

A una modificación de la ley realizada en 2008 se sumó en 2013 la Ley 20.680, que entregó mayor igualdad en términos de visitas y cuidado de los hijos para ambos padres, algo que a la postre potenció el mercado de los peritos en Chile. Al tener los hombres mayores derechos, aumentaron sus demandas por más tiempo e incluso tuición total de sus hijos. Para conseguir eso, necesitaban peritos que los declararan aptos para las funciones parentales.

Cecilia Arrieta, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, dijo a CIPER que “está lleno de peritos privados que, inscritos en la Corte o no, no tienen ningún aval. La única opción para ver su idoneidad es cuando se está en el juicio y se le puede consultar para revisar su calidad profesional. Aunque es muy raro que el juez concluya que no es idóneo si ya está en el listado de peritos de la Corte”.

Ese es, precisamente, el caso de Andrés Aldunate, el psicólogo de Nova Sum, quien dijo a CIPER haber hecho más de mil peritajes desde que empezó su carrera, y que está inscrito en este registro con datos falsos.

EL MÉTODO ALDUNATE

“Carmen” (no es su nombre real) recuerda bien la amabilidad con que la trató el sicólogo Andrés Aldunate durante las tres sesiones en que la recibió en las oficinas de Nova Sum, en calle Huérfanos. Las dos primeras fueron breves: en una le explicó cómo sería el proceso, le aplicó el test de Rorschach y la hizo dibujar un árbol y un hombre bajo la lluvia; en la segunda le mostró imágenes difuminadas y le pidió que contara una historia. Ninguna duró más de media hora.

En la tercera sesión sólo le dio una instrucción:

–Relátame tu historia de pareja con tu ex, desde el día cero.

Son más de quince años que “Carmen” tuvo que recordar y resumir en lo que resultó ser un monólogo de una hora. Aldunate solo observó y tomó apuntes. Igual que en las dos sesiones anteriores, no grabó. En el relato de Carmen afloró todo lo vivido durante su relación. Según ella misma dijo a CIPER, habló de esos años con romanticismo, angustia y dolor, “cosas que fuera de contexto pueden ser malinterpretadas”. Cuando terminó de hablar, Aldunate hizo su única intervención de esa hora: “Ya tengo lista la figura. Eso sería todo”.

Un mes después, Carmen perdió la tuición de su hijo.

El informe que entregó Andrés Aldunate está basado en una metodología que él diseñó, en la que no es necesario dejar registro de las pericias y que entrega “automáticamente” las conclusiones. Él mismo explicó a CIPER cómo funciona su sistema:

informe-novasum-chico–Nosotros tenemos un esquema de triangulación en que el cruce de ciertos resultados de los tests nos dan entre tres o cuatro respuestas. Es un Excel, donde ponemos los resultados, cruzamos las variables y ese es el párrafo que aparece en los informes, con ciertos cambios, claro. En algunos casos les ponemos algunos énfasis –aclaró.

Esto explica la anomalía que identificó CIPER al revisar los informes de Nova Sum, donde párrafos completos de los“resultados formales” se repetían en peritajes hechos a distintas personas.

Además, CIPER constató que, a diferencia de otros profesionales, Aldunate no hace citas textuales de sus entrevistas, ni explica cómo llegó a los resultados que describe. Al ser consultado sobre esta carencia, el psicólogo explicó:

-No citamos textualmente porque yo no lo considero un dato relevante. No estamos haciendo un análisis discursivo. Lo que ponemos en los informes son las conclusiones del análisis, pero poner el paso a paso de cómo llegamos a cada punto, a mí parecer, podría hacer más compleja aún la lectura de esos informes. No creo que sea errado hacerlo así.

Verónica Gómez, psicóloga con magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la UDP, piensa distinto. La profesional dijo a CIPER que cada vez son más los informes en los que no se siguen los procedimientos mínimos para hacer una pericia:

–Se ha tomado como práctica no grabar o no tener registro alguno de las entrevistas. Sin ese material es difícil analizar con profundidad a la persona, mucho menos dar un resultado pericial de personalidad o habilidades parentales. Además, algunos informes vienen con resultados de pruebas proyectivas, que ayudan al momento de evaluar indicios, pero que no son objetivas. Por eso es necesario establecer una metodología y procedimiento estandarizado en el sistema.

El abogado litigante y experto en materias de familia Francisco Estrada cree que esta laxitud en el sistema de peritos psicológicos causa un círculo vicioso que juega en contra de lo que debería defender: las familias. “Lo que tenemos es una ilusión del diagnóstico. Qué ocurre: las causas se cierran y se vuelven a abrir porque el sicólogo no era el indicado, no hizo bien su diagnóstico, después el terapeuta tampoco era idóneo y el problema persiste en el tiempo”, opina Estrada

Claudio Fuentes Maureira, académico de la UDP y uno de los autores del informe que revisó en 2010 el funcionamiento de estos tribunales, indicó a CIPER que el peso que tienen las pruebas periciales es casi absoluto:

–La prueba pericial tiene muchos problemas debido a su complejidad técnica. Además se puede notar un fenómeno que se le puede llamar “la delegación”. Si eres un juez que tiene que tomar una decisión tremendamente compleja, y hay un peritaje que dice A, ¿qué termina ocurriendo con algunos jueces de familia? Confían en el perito y fallan A. Entonces terminan delegando, en la práctica, la decisión del caso en el perito. Porque claro, se confía en la decisión del perito. Pero el problema es que ese perito no siempre es idóneo y, en la práctica, muchos de ellos nunca van a declarar y así es muy difícil o casi imposible cuestionar su informe.

EL DICTAMEN DE LOS PERITOS

Otro problema que han detectado los distintos actores del sistema es que los peritos no se limitan a hacer un diagnóstico o responder la pregunta encargada por el juez que lleva la causa, sino que incluyen recomendaciones de la decisión legal que deberían tomar los jueces.

El juez Maldonado lo explica así:

–Uno de los errores más comunes de los peritos es adentrarse en ámbitos que no les corresponde. Por ejemplo, cuando un perito sugiere al final de su informe que el juez debe acoger la demanda de cuidado personal. Eso, metodológica y teóricamente es incorrecto, porque el perito tiene que dar datos concretos que el juez interpreta.

Francisco Estrada

Francisco Estrada

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es uno de los que realiza este tipo de prácticas. En casi todos sus informes revisados por CIPER aparecen al final del texto, en la sección de “Opinión Profesional”, una serie de párrafos que van más allá de la pregunta judicial hecha por el tribunal, y que es lo único que deberían responder.

Pero el trabajo de estos sicólogos no siempre termina con los peritajes. En los informes a veces se sugieren tratamientos de revinculación y de habilidades parentales que luego, en muchos casos, ellos mismos entregan. Por ejemplo, en uno de los informes analizados por CIPER se sugiere terapia reparatoria para el niño y otra de revinculación para los padres.

Nova Sum, el centro de propiedad de Andrés Aldunate, cobra en promedio por este tipo de terapias -que tienen una duración mínima de tres meses con cuatro sesiones mensuales- $300 mil por persona. Si el núcleo familiar es de tres personas, tendrán que desembolsar casi un millón de pesos en tres meses.

Esta práctica está reñida con la ética profesional. Así lo dice explícitamente la Guía para Evaluaciones de Custodia Infantil en Procesos de Ley Familiar de la APA (validada en Chile por la resolución del SML): los psicólogos que conducen estos peritajes y luego se hacen cargo de la psicoterapia de los examinados, son ejemplos claros de las “relaciones múltiples” que los psicólogos deberían evitar, pues sus obligaciones éticas respecto de los conflictos de interés debería obligarlos a negarse a entregar estos servicios (ver documento).

PERITOS CON FALSOS ANTECEDENTES

La presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Cecilia Arrieta, reconoce que existe un problema grave en el sistema de pericias en los Tribunales de Familia. “Como asociación hay una preocupación sobre este tema hace tiempo, y tenemos la sensación de que se ha agudizado más ahora”. La abogada da un ejemplo: “En Santiago, al menos en mi experiencia, habitualmente no te piden el certificado de título de los peritos”.

La falta de exigencia de formaciones específicas para realizar pericias judiciales ha permitido que personas sin la calificación adecuada trabajen incluso como peritos de la Corte. Sólo se les pide el título de sicólogo y no hay un chequeo de que el resto de sus antecedentes sea verídico.

Que Andrés Aldunate esté registrado como perito forense de la Corte de Apelaciones de Santiago, ilustra bien esta anomalía. En ese registro no hay detalles que avalen su formación específica en esta área. Su currículum menciona ocho capacitaciones en temas variados (algunas de sólo ocho horas), pero no se señala dónde las realizó.

Aunque para postular a perito judicial le bastaba con el título de pregrado, como psicólogo clínico de la Universidad Central, Aldunate aseguró ante la Corte que era “Magíster en Psicología Clínica Adultos mención Constructivista ©”. Esa pequeña “c” significa que es candidato a magíster, una nomenclatura que en la academia normalmente se usa para quienes optan al grado de doctor.

–En realidad, soy egresado (del magíster). Tuve un problema con la universidad porque no he podido entregar la tesis (…) Hace como dos años me llegó un correo de la universidad diciendo que como no me había flexibilizado con el tema de la tesis, me habían retirado del magister. Pero estamos en conversaciones para ver si la puedo entregar. Pero es sólo eso, una formalidad –aseguró Aldunate a CIPER.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde dice haber cursado el magister, dio una versión muy distinta: “Andrés Aldunate Garcés cursó sólo tres asignaturas del Magíster en Psicología Clínica de Adulto de nuestra facultad el año 2010 (se matriculó los años 2009 y 2010). El Sr. Aldunate fue eliminado en julio de 2015 por exceder los tiempos reglamentarios de permanencia en los programas de magíster de nuestra facultad”.

La Universidad de Chile envió a CIPER la resolución N° 101 del 16 de junio de 2015, en que resuelve la eliminación académica de Aldunate del programa de magister (ver documento). La postulación de Aldunate al registro de peritos de la Corte de Apelaciones, fue hecha dos meses después.

CIPER encontró un caso aún más extremo. Carolina Alarcón Vásquez, socia de Profam – junto a Claudia Svilanovich y Claudio Concha-, se identifica en sus informes ante los juzgados de familia como psicóloga clínica. Sin embargo, nunca acreditó sus estudios en Chile.

logo-uvamAlarcón cursó la Licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en México entre 2005 y 2008. CIPER encontró informes periciales de Alarcón desde 2010. Desde entonces Alarcón pudo realizar su labor de perito para juzgados de familia sin problemas. Hasta que en noviembre de 2014 un hombre que perdió la tuición de su hija -luego de protagonizar una guerra de peritajes con Alarcón y su empresa Profam-, la denunció. La causa está abierta en la justicia penal (ver recuadro).

A través de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Colima (México), CIPER tuvo acceso a la carpeta académica de Alarcón. Según esta documentación, en julio de 2015, su título habría sido anulado. La razón: “La obtención del título de licenciada en psicología, bajo la modalidad de examen general profesional nunca tuvo lugar, pues de la simple lectura del expediente escolar de la ex alumna, se observa que aún no cumple con todos los trámites necesarios para titularse” (ver acta).

Es más, a simple vista sus estudios cursados en México no son comparables a las mallas curriculares chilenas. La universidad donde realizó sus estudios divide su enseñanza en cuatrimestres (4 meses consecutivos), de los cuales Alarcón cursó ocho con un total de 64 cursos realizados en tres años y medio (ver ramos cursados por Alarcón en México).

Las diferencias curriculares quedan claras al hacer la comparación con la malla de Psicología de laUniversidad de Chile (casa de estudios que valida los títulos extranjeros) donde son 54 cursos divididos en 10 semestres, o sea cinco años.

El problema es que, incluso validando su título, la casa de estudios mexicana que se lo entregó es parte del grupo de establecimientos universitarios conocidos comúnmente en México como“universidades patito”: instituciones privadas de muy mala calidad y que buscan el lucro ante todo.

Pese a no haber acreditado su formación ante ningún organismo en Chile, Alarcón ha realizado peritajes en juicios donde se ha decidido el futuro de decenas de niños y, en más de una ocasión, ha aparecido en programas de televisión dando su opinión de experta sobre casos de alta connotación pública (ver video).

CIPER se contactó con Alarcón para preguntarle sobre su situación académica, pero respondió que no se referiría al tema. Personas cercanas a ella aseguraron que sí se tituló en México y que los documentos oficiales que dicen lo contrario habrían sido rectificados este año, pero no entregaron copia. Aún si esto fuera cierto, no poseía certificado de grado al momento de hacer los peritajes judiciales y nadie se los exigió.

LA DEMANDA POR EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

La querella contra Carolina Alarcón (y una de sus socias de Profam) fue presentada en noviembre de 2014 por asociación ilícita, uso ilegal de instrumento privado y ejercicio ilegal de la profesión. El juez del 6° Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó que sobre los dos primeros hechos se sobreseía a ambas. No la sobreseyó por ejercicio ilegal de la profesión. El fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones.

Fuentes del Ministerio Público informaron a CIPER que, en virtud de nuevos antecedentes que llegaron desde México, se encuentra en investigación la veracidad de los títulos que acreditarían la calidad de psicóloga de Carolina Alarcón.